Table of Contents

Juan Carlos I, el último Borbón

INTRODUCCIÓN

1. FRANCO QUISO HACERLO SOLDADO

2. BORBÓN MATA A BORBÓN

3. LA CORONA ESPAÑOLA BIEN VALE UNA MISA

4. ADOLFO SUÁREZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

5. EL EJÉRCITO CONTRA EL REY

6. EL 23-F NACIÓ EN LA ZARZUELA

«23-F». Resumen sucinto de los hechos

7. EL REY GOLPISTA

Anteriores al 23-F

Durante el 23-F

Posteriores al 23-F

Conclusiones

8. LA VERDAD SE ABRE CAMINO

9. LA INFORMACIÓN ES PODER

10. LA BELLA Y EL REY (B. R.)

11. LOS VÁLIDOS Y LOS «CADÁVERES» DEL REY

Torcuato Fernández-Miranda y Hevia

Adolfo Suárez

Alfonso Armada

Sabino Fernández Campo

Familiares y competidores por la corona

Militares

Financieros

12. UNA BODA A «LO PERSA»

Desarrollo de la Operación Riego

Afán de protagonismo

Mezclado con los invitados

13. SENTADOS SOBRE UN POLVORÍN

FOTOGRAFÍAS

Autor

Ningún hecho político trascendente ha tenido lugar en este país, durante los últimos treinta años, que no fuera previamente autorizado o decidido por el rey Juan Carlos I. La defenestración de Arias Navarro, el nombramiento de Adolfo Suárez, las conversaciones con Santiago Carrillo, la legalización del PCE, la dimisión del primer presidente de la democracia, e l 2 3-F, el juicio de Campamento, los GAL, las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, el apoyo logístico a la Primera Guerra del Golfo, los nombramientos de la mayoría de los ministros y de todos los de Defensa, las conversaciones con ETA… etc., etc., son quizá los más importantes, pero no los únicos, en los que el inefable inquilino de La Zarzuela ha intervenido directamente haciendo valer una autoridad y un poder personal que en absoluto contempla la Constitución.

Podríamos decir por lo tanto, sin exageración alguna, que el 22 de noviembre de 1975 una nueva dictadura más sutil, de rostro más amable, enmascarada en unas formas democráticas aceptables para Europa y la comunidad internacional pero quizá más perversa y engañosa por actuar en la clandestinidad de palacios y altos despachos, sucedió a la anterior del yugo y las flechas.

Apoyada en el propio Ejército franquista (que actuaría a partir de entonces de sólido valladar ante las aspiraciones de los políticos verdaderamente demócratas), en los todopoderosos servicios de Inteligencia de las FAS (que transformarían al heredero de Franco en el hombre mejor informado del país) y también en el pánico cerval del pueblo españ o l a tener que enfrentar una nueva guerra civil.

Esta dictadura en la sombra por parte del monarca español ha durado hasta nuestros días, si bien en los últimos años (prácticamente desde la salida de la Casa Real del general Sabino Fernández Campo) ha decaído ostensiblemente, al compás del deterioro personal de su titular.

Esto ha sido así, históricamente, aunque muchos ciudadanos españoles no hayan sido capaces de percibirlo. No obstante, si a alguno de ellos (está en su derecho) le parecieran claramente exageradas o fuera de lugar mis afirmaciones, la lectura de este libro les sacará de dudas.

Amadeo Martínez Inglés

Juan Carlos I, el último Borbón

Las mentiras de la monarquía española

ePUB v1.0

Polifemo7 09.07.12

Título original: Juan Carlos I, el último Borbón

Amadeo Martínez Inglés, Marzo 2008.

Editor original: Polifemo7 (v1.0)

Segundo editor: ENRIQUED

ePub base v2.0

INTRODUCCIÓN

El régimen político dictatorial, golpista, ilegítimo, ilegal… que se instauró en España en abril de 1939, tras la sangrienta rebelión militar protagonizada por el general Franco, no terminó, desgraciadamente, en noviembre de 1975 con la muerte del autócrata. Su legado, su testamento, su oculto poder, su alma perversa… continuaron existiendo en este país durante mucho tiempo y todavía se mantienen hoy, siquiera parcialmente, como desastroso resultado de una mal llamada «modélica transición» a la democracia en la que unos cuantos prebostes franquistas, bien situados en las cúpulas militar y civil, y siguiendo fielmente las directrices personales de su «generalísimo», decidieron dar vía libre a una anacrónica «monarquía parlamentaria» protegida y defendida por el Ejército y las fuerzas ultraconservadoras que propiciaron la Guerra Civil del 36.

Con ello le hurtaron al pueblo español, tras la desaparición física del «espadón» gallego, la posibilidad de decidir libremente su futuro al tratar de mantener como fuera, con el escudo protector de una Constitución angelical, formal y posibilista que contemplaba (y contempla) la figura cuasi divina del heredero elegido por Franco, un sistema político sui generis que en la recta final de la primera década del siglo XXI, después de un relativamente largo período de tiempo con aparente buena salud, da síntomas de agotamiento y autodestrucción.

Este peculiar sistema político posfranquista de democracia formal, aparente, de buena cara exterior, vigilada desde su nacimiento por el Ejército y otros importantes poderes fácticos, y que, con el tiempo, ha devenido en una descarada oligarquía de dos partidos mayoritarios fuertemente jerarquizados y financiados por el Estado, ayudados esporádicamente en sus tareas de gobierno por una cohorte marginal de pequeñas fuerzas políticas nacionalistas y de extrema izquierda, ha venido usando todos estos años como mascarón de proa y estandarte de la supuesta libertad y los hipotéticos derechos de sus «súbditos», la figura ejemplar, incorruptible, benefactora, providencial, democrática, altruista, limpia, campechana, deportista… de su titular, el rey Juan Carlos I, un hombre que, como si del último individuo de una rara especie en peligro de extinción se tratara, ha venido siendo protegido hasta la nausea por los poderosos medios audiovisuales, políticos, económicos y sociales del Estado.

Como resultado de esta penosa y larga campaña de intoxicación, deformación de la realidad y desinformación del pueblo español (que votó la «Constitución del cambio y la libertad» sin habérsela leído y con sus acobardados ojos clavados en los amenazantes cuarteles franquistas de la época), la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país ha creído de buena fe durante años que este hombre que tan «providencialmente» nos envió el cielo para que los españoles no volviéramos a matarnos entre nosotros, el rey Juan Carlos I, ha impulsado y protegido la democracia como nadie en España y su largo reinado ha servido para estabilizar un régimen de libertades y un Estado de derecho en este país; pero que, sin embargo, su poder personal y su influencia en la vida política nacional ha sido más bien escasa, casi testimonial, por imperativos legales de la propia Constitución de 1978. Dando por bueno el conocido tópico de que «el rey reina pero no gobierna», muchos todavía se muestran convencidos, a día de hoy, de que, efectivamente, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, el máximo representante de esa familia que previsiblemente pase a la historia como último soberano español (los tiempos evidentemente han cambiado y su hijo Don Felipe, si accede a la jefatura del Estado por la vía nada democrática de los genes, lo va a tener muy difícil para mantenerse en un trono que apesta a naftalina en el marco de una Europa unida y republicana), ha reinado en este país desde aquél frío y preocupante día de noviembre de 1975 en el que sucedió al dictador Franco en la jefatura del Estado «a título de rey» pero que ha tenido que ver más bien poco, por no decir nada, con el gobierno diario de la nación y con la resolución de las principales crisis o problemas a los que ésta ha debido enfrentarse en los últimos treinta años.

Nada más lejos de la realidad. Siendo cierto que la Constitución Española de 1978 limitó extraordinariamente los poderes del nuevo rey (aunque, eso sí, protegiendo su figura con el manto de una inmunidad total ante las leyes, algo que no es de recibo en el marco de un Estado democrático y de derecho) reservándole casi exclusivamente un papel de «moderador y árbitro de las instituciones del Estado», también lo es que todos los presidentes de Gobierno elegidos democráticamente en este país en estas tres últimas décadas (absolutamente todos), bien sea por los difíciles momentos por los que tuvieron que pasar o porque ellos mismos lo quisieron así, buscaron deliberadamente cobijarse una y otra vez, para tomar sus decisiones, en la más alta magistratura de la nación, el rey. Éste, además de una muy cuidada imagen pública elaborada y protegida por todos los medios audiovisuales del Estado, representaba para amplios estamentos del antiguo régimen la «autoridad franquista» heredada de su predecesor, con un poder político subterráneo nada despreciable sobre todo en los primeros años de la transición, y que controlaba el poder fáctico por excelencia en España, el Ejército, que nunca dejó de vigilar el arriesgado proceso político en marcha.

Es por ello por lo que la institución monárquica representada por don Juan Carlos (normalmente desde la sombra, aunque saltándose a veces también cualquier prejuicio constitucional) ha venido ejerciendo, desde su instauración en 1975, un poder real, subterráneo, efectivo, dictatorial en determinados momentos y, desde luego, muy superior siempre al que le correspondía con la Carta Magna en la mano. Es decir, hablando en plata, el rey Juan Carlos I, una figura decorativa según muchos, prácticamente desde que el franquismo le catapultó al trono «del yugo y las flechas», hábilmente, sin alharacas, sin presencias inconvenientes en los medios de comunicación, sin decisiones públicas, sin manifestaciones institucionales (salvo las protocolarias y las por todos conocidas del muy oportuno 23-F que le supusieron abundantes réditos democráticos), y con la solapada complicidad de generales, políticos acomodaticios y validos palaciegos, supo convertirse, emulando a su sanguinario predecesor, en el verdadero amo del país, en un poder fáctico real sin precedentes en la Historia de España salvo si nos remontamos a las épocas ya pretéritas del absolutismo regio de tan negro recuerdo.

Esto que acabo de afirmar sin circunloquios puede resultar excesivamente frívolo, sin fundamento, escandaloso y alejado de la realidad para algunos ciudadanos españoles totalmente desconocedores de los enrevesados entresijos políticos y militares por los que ha discurrido la vida pública en este país durante los últimos treinta años y nada conocedores, por lo tanto, del verdadero papel, nada testimonial, nada protocolario, nada democrático, que ha jugado en ella el monarca elegido por Franco para sucederle en la jefatura del Estado. Y hablo de entresijos «político-militares» porque, en efecto, la componente castrense ha sido determinante (junto con la política, subordinada siempre a la anterior) en el delicado proceso de transición abierto en España a partir del año 1975, una vez que el rey Juan Carlos I, con evidente pragmatismo, nítida visión de la realidad, ambición sin límites y afán de supervivencia personal y política, decidiera apoyarse en los altos mandos de las Fuerzas Armadas para ejercer ese poder oculto, aconstitucional, alegal, fáctico y resolutivo que ha subsistido hasta nuestros días.

De ahí que yo me permita aseverar, aquí y ahora (lo he esbozado ya en alguno de mis libros anteriores, pero la férrea censura editorial existente todavía en nuestro país me ha impedido, hasta el momento, ahondar públicamente en este delicado tema histórico de la «dictadura blanda» del último Borbón español), que el «simpático», «providencial», «campechano», «demócrata»… Juanito, heredero de Franco a título de rey, además de reinar en España desde noviembre de 1975 (esto nadie lo duda) ha gobernado este país como ha querido todos estos años; por supuesto en la sombra, siempre entre bambalinas, y ello fuera cual fuere el pelaje ideológico y partidario del presidente de Gobierno de turno (centrista, socialista, popular…), y también fuera cual fuere su talante y su empatía personal con la monarquía en general y el monarca felizmente reinante en particular. Y este gobierno real, fáctico, oculto, del último de los Borbones, que empezó a campar por sus respetos prácticamente desde su ascensión al trono, el 22 de noviembre de 1975, tomando decisiones importantísimas que cambiarían la historia de la transición (y la de España), todavía se haría más fuerte y descarado a partir del 25 de febrero de 1981 cuando el poder castrense franquista, tras el fracaso de su plan involucionista y antimonárquico preparado para ponerse en marcha el 2 de mayo de ese mismo año (debido a la arrojada maniobra interceptora del general Armada, apoderado del rey), desapareció prácticamente de la escena política y las nuevas Fuerzas Armadas de la etapa socialista juraron fidelidad y acatamiento (a cambio, eso sí, de pingües contrapartidas personales y profesionales para sus altos dirigentes) al «providencial salvador de la nueva democracia española».

Y si esto es así, se preguntará en estos momentos más de un lector, si es verdad que el rey Juan Carlos I ha ejercido todos estos años un poder político y personal muy superior al que le correspondía constitucionalmente, interviniendo directamente en la gobernación del país por encima de aquellos a los que en ley les correspondía esa tarea por mandato imperativo de las urnas, ¿cómo ha podido hacerlo?; ¿por qué le han dejado los políticos democráticos abusar de sus funciones? Preguntas éstas, sin duda muy importantes, que apuntan directamente al meollo del presente libro y que estoy seguro quedarán oportunamente resueltas conforme nos adentremos en la lectura del mismo, pero que, no por ello, voy a dejar de contestar someramente en estas primeras líneas.

En primer lugar, al que luego reinaría en España con el título de Juan Carlos I siempre le gustó sobremanera el poder, desde muy joven, y de ahí que aspiró a ejercerlo obedeciendo a una desmesurada ambición personal que nunca se molestaría en disimular, sobre todo en su etapa de formación y primeros años de su reinado. Siendo cadete en la Academia General Militar de Zaragoza, en 1958, después de que un sospechoso «accidente familiar» hiciera desaparecer de la carrera por el trono franquista a su desgraciado hermano Alfonso, el preferido de su padre Don Juan (accidente, negligencia grave con resultado de muerte, homicidio por imprudencia o fratricidio premeditado, según el cristal con el que se mire, puesto que ni la policía ni la justicia, en su momento, ni la Historia después se han dignado investigar nada sobre la muerte del infante, ocurrida en Estoril en la Semana Santa de ese año, y que más adelante me voy a permitir analizar en profundidad como historiador y experto en armas), ya se jactaba ante sus compañeros de curso. Así las cosas, echando mano de la ampulosa retórica imperialista del franquismo más ancestral, afirmó que un día, no muy lejano, sería rey de España, de todos los españoles, y que llegado ese venturoso momento no dudaría en ponerse a trabajar con todas sus fuerzas para reverdecer los laureles y las glorias de sus antepasados en el trono.

En segundo lugar, resulta meridianamente claro a estas alturas de la película borbónica que al nuevo monarca colocado en el trono de España por Franco, con el peligro latente que en 1975 representaba todavía el Ejército del extinto dictador, le dejaron hacer y deshacer a su antojo los Gobiernos democráticamente elegidos en las urnas durante la enfáticamente llamada modélica transición, sobre todo los presididos por Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González. Evidentemente, el horno no estaba para bollos en aquella segunda parte de la década de los setenta y primera de los ochenta. Sin paños calientes, debo resaltar que el miedo (por no decir el pánico) a una involución sangrienta era absolutamente indescriptible en la nueva clase política asomada al poder o a sus aledaños, y el rey puesto al frente de la débil nave del Estado español por quien lo había elegido como depositario de su testamento político, se presentaba como el único clavo ardiendo al que poder asirse ante el oscuro (por no decir negro) porvenir democrático que se oteaba por el horizonte.

Y en tercer lugar, a falta de explicarme con mucha más profundidad a su debido tiempo, yo diría que la situación política y social en España llegó a ser tan desesperada en los primeros años del cambio político (y no sólo en el 23-F, sino ya antes con la legalización del PCE, primeras elecciones generales del 15 de junio del 77, dimisión de Suárez, otoño de 1980… etc., etc.,) que a los asustados políticos del consenso, la libertad y la democracia no les quedó otro remedio, como mal menor, que abdicar en parte (en mucha parte, diría yo) de sus funciones y prerrogativas democráticamente recibidas del pueblo español y echarse en manos de un señor sin ninguna legitimidad democrática evidentemente, elevado a la Jefatura del Estado por decisión unipersonal y testicular de un cruel dictador, pero que tenía detrás de él los ya un tanto oxidados (pero, no por ello, menos temibles) cañones de la victoria del Ebro.

Y don Juan Carlos, faltaría más, se daría cuenta enseguida del poder que tenía en sus manos (el de los generales franquistas que ¡ojo!, años después lo tildarían literalmente de «traidor» al Movimiento Nacional e irían contra él) y, ya desde el principio, decidiría usarlo para satisfacer su ego monárquico-imperial, sus ansias de no ser para nada un rey «figurón», un vividor, y poder gobernar de facto el país que le había puesto en bandeja el generalísimo de los Ejércitos nacionales. Era actuar todo lo que las circunstancias y la acobardada clase política de la transición le dejaran. Y para ejercer ese poder, castrense fundamentalmente, enseguida se daría cuenta también que necesitaba ser el hombre mejor informado del país (la información es poder en cualquier lugar y circunstancia, pero mucho más aún lo era en la atormentada España de entonces), y que para ello necesitaba dominar los servicios secretos militares, los mejores y más dotados del Estado, y en particular los del Alto Estado Mayor y Presidencia del Gobierno (antiguo SECED de Carrero Blanco), que a partir de 1977 se transformarían en el CESID (Centro Superior de Información de la Defensa). No dudaría, en consecuencia, el último Borbón en llamar a capítulo a La Zarzuela a sus máximos dirigentes y en colocar a sus fieles peones al frente de los mismos a la primera oportunidad (en 1981, después del 23-F, situaría al frente del CESID a su amigo y confidente el monárquico coronel Alonso Manglano); sin menospreciar por ello la valiosa información de todo tipo que le servían, precisa y oportunamente, sus fieles militares de palacio: Armada, Milans, Fernández Campo, el marqués de Mondéjar, Muñoz Grandes… etc., etc.

***

El rey Juan Carlos I ha ejercido pues, como digo, prácticamente desde su ascenso al trono de España, como una especie de super presidente del Gobierno de la nación o, si lo queremos decir de otra manera, como jefe de un Gobierno paralelo en la sombra que decidía y luego presionaba al legítimo para que este hiciese suyas esas previas decisiones regias y las pusiera en circulación como propias. Luz y taquígrafos; así de claro y así de sencillo. La lucecita de El Pardo, a la muerte del dictador, se había mudado subrepticiamente a La Zarzuela para seguir alumbrando el feliz sueño de todos los españoles. A destacar que sobre todo en la etapa de Adolfo Suárez el monarca casi ejerció de «dictador máximo» al utilizar como una marioneta al presidente del Gobierno y futuro duque de Suárez (con fama de duro y de decidido y, sin lugar a dudas, lo era), que desde su designación en 1976 le profesaba una gratitud y una consideración sin límites que le llevarían incluso a perdonarle su «traición» ante los generales franquistas que exigieron, y consiguieron, su cabeza política en bandeja de plata. Todo fue a fin de parar como fuera el golpe involucionista puro y duro que aquéllos preparaban para primeros de mayo de 1981 y que, sin embargo, el rey no lograría desactivar totalmente hasta que el general Armada consumara su tragicómica maniobra de salón, autorizada previamente por la Zarzuela, desencadenada, dentro de su bananera escenificación, en los alrededores del Congreso de los Diputados a partir de las 16:20 horas del famosísimo y penoso 23-F. Pero ello le costaría al sacrificado valido palaciego una fortísima condena de treinta años de prisión militar y la pérdida de su carrera sin que su impávido señor, que lo tacharía públicamente de «traidor», moviera un solo dedo para ayudarle en tan comprometida situación.

Con la llegada de los socialistas al poder, en 1982, el último Borbón todavía se crecería más en su subterráneo poder. Ello fue así porque, en ese momento, ya era plenamente consciente de que dominaba totalmente a los mandos militares después de que éstos se hubieran rendido sin condiciones previas a su regia persona (vía Sabino Fernández Campo) poco antes de que el teniente coronel Tejero diera por concluida su chusca participación en el evento de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, en la madrugada del 24 de febrero de 1981. Juan Carlos I era conocedor, asimismo, del terrorífico miedo que los uniformados despertaban en el PSOE, especialmente en Felipe González (que había aprendido muy rápidamente de los errores cometidos por Adolfo Suárez), quien muy pronto acabaría echándose en sus brazos para que le ayudase, ante los antiguos «espadones» franquistas, a que el Ejército, como institución, aceptara de buena gana el espectacular triunfo de su partido en las urnas e, incluso, prestase su colaboración en el futuro para la buena marcha del delicado proceso político en marcha.

El rey aceptaría encantado la petición de los socialistas. Más aún, no tendría la más mínima duda en ayudar a ese partido (que se había encaramado al poder político en España con el espectacular respaldo de diez millones de votos) a desmontar el residual poder fáctico del Ejército franquista; pero, eso sí, fue a costa de ser él, su regia persona, la que diese el visto bueno a todas las decisiones importantes del futuro Gobierno socialista: las legales, las políticamente correctas, las rodeadas de una moralidad incontestable y, también, las otras, las gestadas en las cloacas del Estado, las auspiciadas por los servicios secretos en su guerra sucia contra la banda separatista ETA.

Recibiría para ello el monarca información privilegiada y directa del CESID, desde la misma creación de este organismo centralizado de Inteligencia en 1977. Después, a partir de octubre de 1981, cuando colocó al frente del mismo a su íntimo amigo y confidente el coronel Alonso Manglano, su relación con este centro de información del Estado sería continua, especial, secreta y estrechísima. En concreto, el antiguo «paraca» reconvertido en jefe supremo de los militares/espías españoles, que hizo, sirviendo dócilmente a su amo, una brillantísima carrera militar (de coronel a teniente general sin salir de su despacho de espía y sin cumplir jamás los requisitos reglamentarios para los sucesivos ascensos), le informaría regularmente, durante años y años, en La Zarzuela (a veces a altas horas de la madrugada), facilitándole documentos secretos supersensibles. Emilio Alonso Manglano puso a disposición del último Borbón, una y otra vez, datos y análisis de los distintos departamentos de «La Casa» de los que nunca jamás dispondría (o dispondría mucho más tarde) el Gobierno legítimo de la nación, que sería «puenteado» constantemente por el general y sus esbirros.

Así pues, no debe extrañar a nadie que yo revele, aquí y ahora, que fue el rey, siempre vía Alonso Manglano, el que primero tuvo en sus manos (antes incluso que el propio Felipe González, presidente del Gobierno socialista) la famosísima Acta Fundacional de los GAL, siniestro documento de «La Casa» que, tras el visto bueno de las altas instituciones de la nación, pondría en marcha la reprobable e ilegal guerra sucia contra la banda separatista ETA en la primavera de 1983 y que se saldaría con 28 asesinatos de Estado. De la misma manera que años antes, en julio de 1979, sería también el rey el que primero tuviera en su despacho un documento muy similar, confeccionado por el todopoderoso CESID de la época y con los mismos fines: el denominado Informe-Propuesta sobre la lucha antiterrorista, que en aquella ocasión sería rechazado con vehemencia por el Gobierno centrista de Adolfo Suárez.

En ocasiones puntuales, cuando la urgencia del asunto o su importancia lo requerían, el fiel director del CESID informaba personal y exclusivamente al rey por teléfono (línea directa y con secráfono, por supuesto), saltándose de ese modo a la torera cualquier condicionamiento jerárquico y lealtad institucional. Asimismo, don Juan Carlos era receptor privilegiado de la información sensible y reservada que generaban los centros de Inteligencia de los tres Ejércitos; si bien, todo hay que decirlo, el de Tierra, con sus máximos responsables tradicionalmente muy poco monárquicos y de extrema derecha, nunca resultaría muy diligente que digamos con su «comandante en jefe» y procuraría reservarse muchos informes; y, aún más, «procesar» todos los datos negativos sobre la Corona que cayeran en sus manos. Hablamos de dossiers secretos sobre la figura del rey, su vida privada, sus amoríos, sus manejos políticos, sus intrigas palaciegas, sus afanes económicos… un material del que este modesto autor tuvo precisas referencias en sus cuatro años de destino en la cúpula militar del palacio de Buenavista de Madrid, y qu, estoy seguro de ello, todavía permanece en buena medida en los fondos reservados de la División G-2 (Inteligencia) de ese alto organismo de mando y control de las Fuerzas Armadas. No obstante, esperemos que algún día, no muy lejano, cuando la verdadera democracia se asiente de una vez en este país y el sucesor de Franco, «a título de rey», deje de ser la divinizada figura que ha sido durante tantos años, pase a conocimiento de todos los ciudadanos del Estado español.

Dueño de la abundante y sensible información que le proporcionaban constantemente los centros de Inteligencia de las FAS y sus leales de palacio (militares, pero también algunos políticos), que le convertían, sin exageración de ninguna clase, en la persona mejor informada del país (y, por ende, con más poder de decisión), al rey Juan Carlos le gustaba siempre bromear y «chascarrillear» con los sucesivos presidentes del Gobierno que acudían a La Zarzuela a despachar con él. A éstos, invariablemente con aire trascendente y cómplice, interrogaba sobre los asuntos que en cada momento se encontraban en el candelero político y social del país.

Haciéndose el ignorante, el Borbón, ávido de saber, preocupado por el cariz que en algunos momentos llegaban a tomar determinados acontecimientos, acababa por soltar, siempre entre sonrisas y muy divertido, informaciones que el jefe del Ejecutivo de turno desconocía totalmente. Y, por supuesto, al finalizar el despacho, cuando su perplejo interlocutor todavía no se había repuesto de la sorpresa inicial, Don Juan Carlos se permitía «proponerle», más como amigo que como superior jerárquico institucional, la decisión o decisiones que, según él, un inteligente hombre de Estado debería tomar para reconducir la situación de forma conveniente.

Este peculiar modus operandi real sería el guión oficial en muchísimas entrevistas entre el monarca español y sus respectivos jefes de Gobierno durante la transición y de él tendrían puntual conocimiento los medios de Inteligencia militares gracias a la inveterada y enfermiza costumbre del rey Juan Carlos de contar sus mas nimias experiencias personales y políticas a aquellos validos y militares de cámara que le han venido sirviendo dócilmente a lo largo de su extenso reinado. Así ha sido posible que algunas personas, esencialmente castrenses, que siempre hemos tenido muy buenas relaciones con los Servicios de información del Ejército, estemos ahora en posesión de abundantes datos sobre la vida personal y política del último Borbón y que, en consecuencia, a día de hoy, pueda ver la luz un libro como éste.

Ésta es una obra que, desde luego, se lo advierto al lector que no lo haya percibido ya por lo que lleva leído, no cuenta, ni contara jamás, con el beneplácito o el nihil obstat del monarca que ha reinado y «gobernado» a sus anchas este bendito país desde noviembre de 1975. Lo pudo hacer por la gracia y la cabezonería de un militar medio analfabeto que, después de arrasar la nación española en una cruenta guerra civil y masacrar a decenas de miles de luchadores demócratas, se permitió el lujo, con la perruna aceptación de millones de españoles, eso sí, de «reinstaurar» una monarquía obsoleta y sin sentido en las postrimerías del siglo XX, sacándose de la manga un rey ad hoc y dotado genéticamente con el desastroso pedigrí histórico de los Borbones. Ha sido un salto en el vacío que, después de un moderado éxito inicial y de unos cuantos años de paz interior (debido, esencialmente al peligro que durante todo ese tiempo han representado para el pueblo español unas Fuerzas Armadas fascistoides y golpistas) amenaza ahora, a principios del siglo XXI, con llevarnos nuevamente, a los ciudadanos de este país, a los preocupantes primeros años de la década de los treinta; todo ello si no lo remedia, espero que sí, la inteligencia, la paciencia, la tolerancia y el deseo de paz y concordia del, en ocasiones, «aborregado» pueblo español, que lo mismo despide multitudinariamente y con lágrimas en los ojos al feroz dictador que lo reprimió a sangre y fuego durante cuarenta años que recibe con alborozo, papanatismo y doblando la cerviz, al advenedizo príncipe impuesto por el anterior.

Tras el triunfo de los «populares» de Aznar, en 1996, con su reinado «absolutista» ya en franca decadencia, pues ni los años ni la política perdonan en este país, el rey Juan Carlos lo tendría un poco más difícil para seguir mangoneando a sus anchas, ya que de todos es bien conocido el poso antimonárquico y falangista de la derecha española. Pero pronto sabría adaptarse a los nuevos tiempos y encontrar la forma de seguir siendo la «lucecita de El Pardo», aprovechándose de la inicial debilidad del primer Gobierno de Aznar (que no consiguió, como todos sabemos, la mayoría absoluta y tuvo que pedir ayuda a vascos y catalanes) y de su buena relación con Jordi Pujol.

El último Borbón español se escudaría siempre, eso sí, dentro de su peculiar juego de poder en la atormentada España de la transición, en su irresponsabilidad personal, en su inviolabilidad, en la impunidad total que le otorga una magnánima y angelical Constitución hecha a su medida en unos momentos históricos de pánico político y social para, como digo, intervenir, aconsejar, influir, asesorar… al Ejecutivo de turno, democráticamente elegido por el pueblo, en cuantas decisiones importantes tuviera que tomar para la correcta dirección del país. De este modo, hasta se permitiría el lujo, en determinados eventos de especial relevancia (como quedará reflejado con todo detalle a lo largo de las páginas del presente libro), de dirigir personalmente, en secreto y al margen de las leyes, la adecuada solución de los mismos, como en el archifamoso caso de la intentona involucionista del 23-F. Tengamos muy presente que en ésta, saltándose olímpicamente la Carta Magna, conspiró descaradamente con los generales monárquicos Armada y Milans del Bosch para cambiar, por la vía de los hechos consumados, el Gobierno de la nación y tratando de introducir en la vida política española un fantasmal Ejecutivo de concentración/unidad nacional que salvara su corona de las iras de los capitanes generales franquistas; quienes, tachándole de «traidor» al sagrado legado del generalísimo, preparaban un traumático golpe de Estado para primeros de mayo de ese mismo año: 1981. Así, de facto, por mucho que la propaganda oficial del Régimen y sus plataformas mediáticas leales hayan destacado todos estos años su providencial papel en la chapucera asonada militar, Juan Carlos I se convertiría en todo un flamante «rey golpista», una figura ciertamente atípica (aunque no única) en la historia española y que sin duda habría acabado en los tribunales en cualquier democracia occidental que se precie de tal.

En las paginas que siguen, amigo lector, voy a intentar desmontar, desde la verdad y el conocimiento profundo de su reinado a través de múltiples testimonios de los servicios secretos militares, el mito creado en este país sobre la figura de Juan Carlos I. No es de recibo que siempre nos lo han presentado como un hombre providencial, honrado, desinteresado, altruista, amante de la democracia, alguien que ha pilotado una transición modélica del franquismo a la libertad… cuando la realidad es muy otra…

La otra cara de la moneda nos presenta a un monarca de una gran ambición personal, desleal con sus subordinados, traidor a sus amigos, egoísta sin límites conocidos, defensor a ultranza de sus prerrogativas reales, manipulador nato de su entorno personal y familiar. Hablamos de un personaje que no dudó un instante en abrazar la causa de la dictadura franquista para, a través de ella y de su supuesta lealtad al apolillado Movimiento Nacional, acceder al trono de España pisoteando la figura de su propio padre, y que luego, lejos de ceñirse a su modesto papel constitucional de rey que «reina pero no gobierna», ha intrigado, conspirado, intervenido, dirigido como ha querido (tras las bambalinas, por supuesto) la política de este país. Lo ha hecho apoyándose en el Ejército y en los servicios secretos castrenses, con los que no dudó nunca en presionar, una y otra vez, a los dirigentes políticos democráticos de turno, que no tuvieron más remedio que «cohabitar» con él en la gobernación del Estado si no querían llevar al país a una nueva noche de dictadura militar. Y todo ello lo hizo dejando de paso, tirados en el camino, sin ningún remordimiento de conciencia, los «cadáveres» políticos, militares, financieros, familiares, palaciegos… de todos aquellos que eran sus amigos, confidentes, validos y subordinados, los que fueran necesarios para conseguir mantenerse en el trono y lograr sus ambiciosos planes personales.

¡Ah si algún día se decidieran a hablar públicamente, sin miedos ni tapujos de ninguna clase, personajes del llamado «entorno real» (cada día que pasa van quedando menos en situación de hacerlo) como Armada, Fernández Campo, Mondéjar, Muñoz Grandes, Felipe González, Conde, De la Rosa, Prado y Colón de Carvajal… que saben y esconden tantas cosas, muchas de ellas, afortunadamente para la historia que tarde o temprano se escribirá en este país por pluma imparcial, recogidas y guardadas en documentos secretos de los servicios de Inteligencia militares (los conocidos en el argot de los servicios de Información castrenses como MSCR), que en su día, estoy seguro de ello, verán la luz! Todo llegará, amigo lector, pero de momento (y no es poco), lo que sí tiene en sus manos es un libro honesto, veraz, valiente, necesario, quizá escandaloso… que le va a permitir empezar a conocer los oscuros hechos y las peligrosas aventuras políticas y militares protagonizadas durante más de treinta años por el que sin duda será (así lo esperamos muchos españoles verdaderamente demócratas) el último de los Borbones que haya reinado (y gobernado) en este país.

1. FRANCO QUISO HACERLO SOLDADO

El Régimen franquista busca heredero con pedigrí. -Franco se fija en el hijo mayor del conde de Barcelona, un muchacho introvertido y mediocre que puede servir perfectamente a sus fines. -Pero antes que rey deberá ser soldado. -Viaje a España. -La etapa Montellano. -Ingreso en la Academia General. -Los «sábados, sabadetes…» del cadete Juanito.

La victoria de las democracias occidentales y la URSS sobre el Eje, en 1945, largamente anunciada y trabajosamente conseguida, pondría al dictador Franco, tras sus largos años de devaneos políticos y militares con nazis y fascistas (iniciados en los prolegómenos de la Guerra Civil Española y substanciados en una copiosa y determinante ayuda militar, continuados después a lo largo de la magna contienda mundial a través de contactos personales y directos con Hitler y Mussolini y con el envío, por parte de España, de la famosa División Azul), en una situación personal y política harto difícil, abriendo para el Régimen que dirigía un período de convulsiones internas y peligro externo que podía llevarlo a su desaparición física.

En consecuencia, en el plano interno, el amplio abanico de colaboradores necesarios del franquismo: monárquicos, militares, falangistas …, muchos de ellos situados en puestos clave del sistema pero temerosos de un vuelco espectacular en la situación, empezaría enseguida a tomar posiciones, a conspirar en secreto y a unir fuerzas para estar en las mejores condiciones de sobrevivir ante la eventualidad de que las potencias vencedoras en la mayor conflagración de la Historia decidieran acabar de una vez por todas con el torpe general español (pero astuto político) que, después de liderar una chapucera rebelión militar contra la desarmada II República española y enfrascarse con ella en una larga y absurda guerra de desgaste de tres años de duración, regía con mano de hierro la devastada España de la posguerra desde abril de 1939.

El heredero de la dinastía borbónica, don Juan, conde de Barcelona, como jefe espiritual del lobby monárquico que dentro de España había conspirado contra la República y a favor de la drástica intervención del Ejército, también pondría enseguida en marcha su particular estrategia para recuperar el trono que su padre había dejado vacante en el año 1931, acercándose todo lo posible a Madrid. Por eso asentó «sus reales» en Estoril (Portugal) el 2 de febrero de 1946 e inició una urgente guerra psicológica contra Franco, planificada por su entorno de asesores y aduladores, tendente a conseguir que el general abandonara cuanto antes, y de buena fe, el caudillaje que él mismo se había arrogado sobre España y se aviniera a una restauración monárquica en la persona que en aquel momento ostentaba todos los derechos dinásticos, o sea él mismo.

No obstante, muy pronto sería consciente el hijo de Alfonso XIII de que el autócrata gallego, después de años de saborear las mieles de un poder absoluto, omnímodo, feudal… y con un numerosísimo y fiel Ejército detrás que lo adoraba como al providencial líder capaz de llevarlo a la victoria sobre los enemigos de la patria, no estaba muy dispuesto a ceder ese poder a nadie, por muchos derechos que exhibiera, mientras le quedara un hálito de vida. Así, una de las primeras noticias que sus fieles le transmitirían a don Juan en su recién ocupada residencia de Estoril (Villa Papoila, una casa prestada por los marqueses de Pelayo), serían las confidencias de Franco al general Martínez Campos, duque de la Torre, que habían corrido como la pólvora por los mentideros castrenses y políticos de Madrid semanas antes. Según estos rumores, el generalísimo le había transmitido al general sus más íntimos pensamientos en forma de lapidaria frase para la historia: «Yo no haré la tontería que hizo Primo de Rivera. Yo no dimito. De aquí al cementerio». Era algo que, evidentemente, no dejaba lugar a dudas sobre las auténticas intenciones del dictador.

Los altos mandos militares, los generales que habían ayudado a Franco a ganar su particular «cruzada» contra el comunismo, la masonería y «los enemigos de la patria…» también daban muestras de nerviosismo creciente conforme iban llegando a nuestro país los espantosos pormenores de la debacle del nazismo en Europa y del Imperio del Sol Naciente en el Pacifico/Asia. España, a pesar de las baladronadas castrenses del sátrapa (un millón de soldados listos para defender del comunismo la capital de Alemania) y de la profusa propaganda oficial, se encontraba arruinada, destruida, desarmada (casi todo el material de guerra servido por alemanes e italianos para vencer a la República era ya pura chatarra), desmoralizada, dividida y, sobre todo, sola. Se hallaba aislada ante el peligro de unas potencias vencedoras capitaneadas por unos Estados Unidos de América que, con la guerra mundial, habían dado el gran salto adelante, convirtiéndose en el líder mundial indiscutible al estar en posesión en solitario del arma total: la bomba atómica.

Algunos de estos militares (altos mandos, pero también de categoría intermedia), monárquicos en su mayoría, empezarían a «moverse» en los cuarteles y a conspirar secretamente en favor de una pronta restauración de la Casa de Borbón. Sin romper totalmente con su generalísimo (nadie ponía todavía en cuestión, a mediados de la década de los cuarenta, su apabullante victoria sobre el comunismo), sí dejaban entrever posiciones políticas cada vez más cercanas a una posible y deseada renuncia de Francisco Franco defendiendo la teoría, asumida plenamente por el clan de Estoril, de que el mando supremo del carismático militar sobre los Ejércitos nacionales y la jefatura del nuevo Estado salido del 18 de julio de 1936 le habían sido otorgados por sus compañeros de generalato en circunstancias extremas y únicamente mientras durara la Guerra Civil, como un instrumento indispensable para ganarla y con el fin último de restaurar la Corona borbónica en cuanto las circunstancias así lo permitieran.

Franco, que, una vez más, maniobraría con astucia y suma prudencia para enfrentar el peligro borbónico representado por don Juan, actuó sin embargo con mano de hierro para hacer valer su autoridad sobre sus propios compañeros del Ejército que conspiraban contra él. Ya el 25 de agosto de 1945 había destituido al general Kindelán como director de la Escuela Superior del Ejército por un discurso fervientemente monárquico en el que, sin pelos en la lengua, había solicitado la colaboración de las Fuerzas Armadas para colocar cuanto antes la corona de España en las sienes del pretendiente de la Casa de Borbón. El día 13 de febrero de 1946, con motivo de la publicación de un Saluda firmado por 458 personalidades del Estado español (políticos, empresarios, aristócratas, catedráticos) en el que mostraban su alborozo por la llegada de don Juan a Portugal, instando a su próxima coronación como rey de España, ordenó la detención y posterior encarcelamiento de Alfredo Kindelán, firmante del documento y considerado por los servicios secretos del Régimen como la cabeza visible del movimiento monárquico dentro del Ejército. Fue una orden que sólo revocaría a regañadientes, enviándole desterrado a Canarias, por la presión de varios compañeros del detenido y por la precaria salud del general. Esta dura reacción de Franco contra el monarquismo militar beligerante, representado por el general Kindelán, desactivaría abruptamente cualquier veleidad futura en los cuarteles donde, por otra parte, seguían siendo una amplia mayoría los profesionales que, a pesar de las dificultades, formaban una piña alrededor de su generalísimo y no contemplaban, ni personal ni colectivamente, ninguna posibilidad política para este país que no pasara por su continuación sine die en la jefatura del Estado.

En la Falange, otro pilar fundamental del Régimen nacido el 18 de julio de 1936, la preocupación institucional ante los acontecimientos exteriores y el adverso resultado de la Segunda Guerra Mundial haría florecer enseguida, entre sus dirigentes, el conocido espíritu numantino patrio y el ferviente deseo colectivo de defender a ultranza, otra vez con las armas si era necesario, la nueva patria «Una, Grande y Libre» renacida de las cenizas de un país devastado por una brutal guerra fratricida entre españoles. Seguirían cerrando filas alrededor del providencial caudillo que los había llevado a la victoria, llevando a feliz término la revolución social y política defendida por su fundador, José Antonio Primo de Rivera, y rompiendo para siempre con una monarquía corrupta y envilecida, rechazada mayoritariamente por el cuerpo social de la nación española.

Fue ésta la teoría que, siquiera parcialmente y dejando de lado sus íntimos deseos sobre el porvenir político español y el papel que podía jugar la monarquía en ellos, abrazaría el déspota español por lo menos hasta que las democracias occidentales y, sobre todo, Estados Unidos, después de la famosa declaración de Potsdam (en la que a pesar de reiterar la exclusión de España de Naciones Unidas no se había propuesto ninguna intervención directa contra Franco) desvelaran sus inmediatos planes sobre el régimen político que él capitaneaba y que, completamente solo después de la destrucción a sangre y fuego de sus socios y correligionarios europeos, se agazapaba, herido de muerte, en la vieja piel de toro ibérica. Además, a Franco no le quedaban muchas otras opciones después de leer el Informe-Propuesta sobre la continuidad de su propio sistema político que su leal asesor y figura política emergente, Luís Carrero Blanco, le había presentado recientemente con carácter confidencial y en el que, entre otras importantes cuestiones, se afirmaba cínicamente «que después de Potsdam no parecía nada probable que Francia o Gran Bretaña favorecieran la implantación del comunismo en España apoyando a los republicanos exiliados» Asimismo, se señalaba con toda rotundidad que la única salida factible para España era «el orden, la unidad y el aguantar la presión exterior e interior apoyándose en una buena acción policial y, si era preciso, en una enérgica represión sin miedo a las críticas».

Ese documento terminaba con una clara negación personal del «donjuanismo» y de su nada deseable presencia en el futuro de nuestra patria.

Pero todas estas inquietudes y temores de Franco y su régimen serían pronto frenados en seco por la buena suerte (algo que para un político puede ser determinante de cara al futuro) y por las especiales circunstancias del momento; que favorecerían no sólo al dictador, que vería alejarse con celeridad los riesgos de una intervención militar directa contra él, sino también, aunque en menor medida, a la totalidad del pueblo español que, aún a riesgo de ver aumentadas substancialmente las posibilidades de tener que seguir sufriéndolo algunos años más, no hubiera podido soportar una nueva guerra en el solar patrio. ¡Sólo les hubiera faltado a los empobrecidos, desmoralizados y hambrientos ciudadanos españoles de la época que Estados Unidos, bien sólo o acompañado de otros (Naciones Unidas o alguno de sus socios políticos y militares europeos) hubiera decidido, altruistamente claro, librarles de su sanguinario mandamás militar al estilo de lo que medio siglo después haría el todopoderoso emperador antiterrorista George W. Bush en la nación iraquí en relación con el sátrapa Sadam Hussein! No cabe duda de que hay situaciones en la historia de los pueblos que mejor es no meneallas desde el exterior y en las que lo único que pueden hacer sus ciudadanos es ponerse a rezar todos juntitos aquella famosa oración a la Virgen de Lourdes: «¡Virgencita, que me quede como estoy!»

Efectivamente, la suerte, la buena suerte, iba a llamar enseguida a las puertas del palacio de El Pardo donde el autoproclamado «generalísimo» de los Ejércitos vencedores en la cruenta Guerra Civil se las veía y se las deseaba para capear el vendaval que amenazaba su recién nacida «nueva España». La situación en Europa, una vez que los soviéticos por un lado (el Este) se plantaron en Berlín y las fuerzas anglo-franco-americanas por el otro (el Oeste) acabaron de liberar toda la parte occidental del continente, no mejoró substancialmente con el fin de la guerra sino más bien todo lo contrario. Al recelo inicial que suscitó entre los dos grandes bloques vencedores la alocada carrera emprendida por sus Ejércitos al final de la contienda, para llegar los primeros a la capital de Alemania, conquistando de paso la mayor porción posible del antiguo III Reich, pronto sucedería la clara beligerancia política e ideológica entre ambos y enseguida la descarada lucha por el poder mundial que derivaría a pasos agigantados en la costosísima y preocupante «Guerra Fría». Ésta tuvo consecuencias inmediatas en la política exterior de esos dos grandes bloques, que tratarían por todos los medios de organizarse militarmente por si de nuevo las armas eran llamadas a hablar en otra terrorífica confrontación bélica. Y en este contexto geoestratégico nuevo, en esa incómoda tesitura de tener que prepararse para una guerra antes de terminar por completo la anterior, los norteamericanos pronto empezarían a dar largas a la, en principio, democrática obligación, tantas veces proclamada, de acabar con el último bastión fascista europeo representado por la España de Franco.

Así, si bien es cierto que el 4 de marzo de 1946 una Declaración Tripartita de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia había anunciado que «mientras el general Franco mantenga el mando en España el pueblo español no puede esperar una plena y cordial asociación con las naciones del mundo que, mediante un común esfuerzo, han causado la derrota del nazismo alemán y el fascismo italiano», y que el 12 de diciembre del mismo año una sesión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas resolvió excluir a España de todos sus organismos dependientes, solicitando también al Consejo de Seguridad que estudiara las medidas a adoptar si, en un tiempo razonable, España seguía teniendo un Gobierno carente de refrendo popular al tiempo que pedía a las naciones miembros que retirasen a sus embajadores de Madrid, resultaba ya evidente, a finales de 1946, que por intereses de las grandes potencias no iba a producirse una intervención aliada contra el caudillo español.

El alto mando yanqui ya había empezado a planificar una tupida red de bases militares dentro de la nueva y urgente estrategia de cerco al lobo estepario ruso que, a pesar del duro castigo sufrido en su cruento enfrentamiento con el Ejército nazi, demostraba unas ansias irrefrenables de expandir sus ideales comunistas y su poder militar por todo el mundo. Y dentro de esa estrategia de contención de sus antiguos aliados del Este, y de expansión de su «colonialismo de faz democrática» o nueva «pax americana», España (aún con un impresentable y sanguinario dictador a su frente) representaba para Estados Unidos una inmejorable apuesta como gran base logística de retaguardia y como plataforma segura y cercana para montar sobre ella las bases aeronavales que fueran necesarias. Muy pronto las recomendaciones de los generales estadounidenses serían aceptadas por la Casa Blanca y consideradas de prioridad política de primer nivel, con lo que el hasta entonces apestado general Franco pasaría de inmediato a la categoría de aliado in pectore de la gran nación americana, y de ahí que muy pocos años después, en 1953, el Tratado de Amistad y Cooperación firmado entre ambos países lo elevaría a la categoría de amigo preferente y socio indispensable en la lucha del mundo libre contra el comunismo internacional.

***

A finales del año 1946, a pesar de las declaraciones de Naciones Unidas y de los contactos secretos con los Aliados de cara a substanciar su colaboración futura en la guerra contra el comunismo, Franco no las tenía todas consigo y no dudó un solo segundo en tomar las medidas adecuadas para hacer su régimen más aceptable para las democracias occidentales. Sobre la base de un memorandum elaborado por Carrero Blanco (con fecha de 31 de diciembre de 1946, modificado y ampliado, a instancias del dictador, por otro de 22 de marzo de 1947), vería enseguida la luz un proyecto de Ley de Sucesión que fue debatido en el Consejo de Ministros del 28 de marzo de ese año. En él se consideraba a España como una unidad política, como un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declaraba constituido en Reino. La jefatura del Estado correspondía al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde, que gobernaría el país hasta que la incapacidad o la muerte se lo impidieran. Se avalaba también en el proyecto de Ley el derecho del Caudillo a nombrar su propio sucesor dentro de la familia real y dejaba bien claro que el futuro rey debería someterse a las leyes fundamentales del régimen, pudiendo ser destituido si no lo hacía.

Como se ve, muy poco o nada quería cambiar el monolítico Estado franquista con esta Ley, pues a lo único a lo que aspiraba era a ganar tiempo ante los aliados occidentales y ante los monárquicos del interior, vistiendo el muñeco de una inexistente apertura política hacia ninguna parte. Eran objetivos que no podrían alcanzarse, eso sí, sin la colaboración por lo menos pasiva del conde de Barcelona. Para conseguir la cual se trasladó inmediatamente a Estoril el propio Carrero Blanco, con un mensaje personal de Franco en el que instaba al pretendiente a aceptar la Ley de Sucesión y a tener paciencia, como premisas indispensables para poder ser elegido en su día como su sucesor a título de rey.

Pero don Juan no sólo no aceptaría las marrullerías de Franco, sino que se enfrentó drásticamente a la Ley de Sucesión con el llamado Manifiesto de Estoril, en el que denunciaba la ilegalidad de la misma dado que alteraba el carácter de la monarquía española sin consultar ni al heredero del trono ni al pueblo. A ello añadió unas escandalosas declaraciones publicadas, el 13 de abril de 1947, en los periódicos The Observer y The New York Times, en las que se manifestaba dispuesto a llegar a un acuerdo con Franco siempre que éste formalizara inmediatamente una transferencia de poder pacífica e incondicional. Se declaraba, asimismo, partidario de una monarquía democrática, de la legalización de partidos políticos y sindicatos, de una cierta descentralización territorial del Estado, de la libertad religiosa y de una amnistía parcial para los encarcelados con motivo de la Guerra Civil. Ni que decir tiene que tanto el Manifiesto de Estoril como estas revolucionarias declaraciones del conde de Barcelona caerían en El Pardo como una bomba, hasta tal punto que son muchos los historiadores que señalan esa fecha del 13 de abril como la de la eliminación fáctica de don Juan de Borbón como posible sucesor del Caudillo.

Y así sería efectivamente porque, cada vez más seguro el dictador de su supervivencia política y de la completa aceptación de su régimen por las grandes potencias, empezaría, ya sin ningún rubor, a dar los pasos necesarios para encontrar a alguien, de sangre real por supuesto, con la juventud necesaria para poder moldearlo a su capricho y que estuviera dispuesto a ceñir, en un futuro más o menos lejano, la corona de la nueva España del Movimiento Nacional salida de la lucha fraticida, comprometiéndose a defender sus principios y a respetar sus leyes fundamentales por tiempo indefinido. La búsqueda de ese sucesor capaz de garantizar la continuidad del sistema y su adaptación a los nuevos tiempos, una vez que él hubiera desaparecido, quitaría durante mucho tiempo el sueño a Franco, que tendría que debatirse entre sus profundas convicciones monárquicas, las fuertes presiones de un entorno familiar que aspiraba en secreto a perpetuar su apellido en lo mas alto de la cúpula del Estado español, emparentando, si ello era preciso con alguna familia de sangre real que se aviniese a prestar su pedigrí para tan arriesgada componenda política y social, las fuertes recomendaciones de sus generales (quienes soñaban con que un nuevo «centurión de hierro» tomase en su día las responsabilidades dejadas por su idolatrado generalísimo), las aspiraciones de los diversos clanes del aparato político y sindical falangista (que apostaban por una salida al régimen totalmente autónoma y al margen de la monarquía) y, por último, las maniobras y conspiraciones del Consejo de Estoril, que ya sólo veía la urgente proclamación, como rey de España, de su señor don Juan de Borbón a modo de remedio para los males del país.

Al margen de todas estas presiones, Franco tenía una cosa muy clara: para garantizar una salida pacífica a su peculiar sistema político personal, efectuando sólo los cambios cosméticos necesarios (ni uno más) para que España pudiera ser aceptada en Europa, la persona elegida debería poseer, además del rango regio que él consideraba absolutamente imprescindible, una gran autoridad personal y unas especiales dotes de mando, algo que siempre han apreciado los españoles en general y los militares en particular. Es decir, convenía, y las circunstancias así lo aconsejaban, que su sucesor tuviera una exhaustiva formación castrense y estuviera adornado, a poder ser, con las mejores virtudes de tan sacrificada profesión. 0 sea, blanco y en botella, que el futuro heredero de la Corona española además de pertenecer a la realeza debería ser un militar de alto rango y con una completa formación castrense a sus espaldas que el autócrata personalmente se encargaría de fiscalizar.

De acuerdo con estas premisas, una vez aprobada la Ley de Sucesión por las Cortes en junio de 1947 (fue refrendada mediante un referéndum celebrado el 6 de julio siguiente) y descabalgado de facto don Juan de la carrera por la Corona, Franco, con un acendrado monarquismo en sus genes y un profundo agradecimiento a la dinastía borbónica (en particular a Alfonso XIII) que le había elevado a lo más alto de la carrera militar al premiar pródigamente sus correrías africanas, enseguida empezaría a considerar seriamente la posibilidad de que fuera uno de los hijos del conde de Barcelona el que, convenientemente adoctrinado en los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y siempre que cumpliera sus expectativas de futuro, ciñera en su día la Corona de España. Y para poder llevar a buen puerto semejante decisión el primer objetivo a alcanzar era, obviamente, el lograr que los infantes Juan Carlos ( Juanito para la familia) y Alfonso ( El Senequita) vinieran a España a estudiar y a formarse convenientemente, sin condiciones previas y reservándose el dictador la suprema y última palabra sobre la persona que, en última instancia, concluido su personal y antidemocrático casting, sería la elegida. A todo esto, Franco, en su astuto juego, nunca descartaría explícitamente a la otra rama borbónica, representada por los herederos del sordomudo don Jaime, Alfonso y Gonzalo, a pesar de que en 1935 había renunciado a sus derechos sobre el trono para él y sus herederos.

Y esa decisión sobre la futura formación de los jóvenes Juan Carlos y Alfonso de Borbón la tenía que tomar, lógicamente, el padre de ambos, don Juan, que, desde su cómodo retiro portugués, había iniciado ya una muy particular relación amor/odio con el generalísimo, ora conspirando contra él, ora colaborando con su régimen; todo ello de cara a una pronta restauración monárquica en su persona que él todavía creía factible en esos momentos si sabía manejar inteligentemente el poder de su derecho dinástico ante el caudillo español y las potencias democráticas occidentales.

Para conseguir sus planes de que los infantes vinieran a estudiar a España (de momento y debido a la corta edad de El Senequita, la medida sólo afectaría a Juanito) el general Franco urdiría una maquiavélica entrevista con el conde de Barcelona a bordo del yate Azor (emboscada política más bien, planificada ¡como no! por el cerebro gris de la trama: Luís Carrero Blanco) a la que el pretendiente no se pudo negar porque a esas alturas era ya consciente de la fortaleza del dictador, de que su régimen iba a sobrevivir a la victoria de las democracias occidentales sobre el nazismo y de que una futura restauración monárquica en España sólo sería posible con su plena aprobación.

La entrevista entre Franco y don Juan, pactada entre ambos sin el conocimiento siquiera del Consejo Político de este último (Gil-Robles, Sainz Rodríguez, Vegas Latapié, Dánvila, Sotomayor…), se llevaría a cabo el 25 de agosto de 1948. La puesta en escena fue preparada minuciosamente por el aparato del Estado franquista y resultó perfecta para los intereses del tirano, quien no tuvo ningún reparo en saludar efusivamente a don Juan cuando éste subió a bordo del yate, anclado en el golfo de Vizcaya, y hasta se permitió el lujo de soltar algunas lágrimas (de cocodrilo sin duda) que, por inesperadas, desconcertaron por completo, en un primer momento, al visitante. Éste, no obstante, enseguida se daría cuenta de la encerrona y hasta podría capear el temporal con decoro y con cierta fortaleza de ánimo contestando a las alabanzas del dictador sobre su extinto padre Alfonso XIII con severas críticas a la postura del régimen en relación con la monarquía, que no sólo era marginada en relación con importantes decisiones que le afectaban de manera prioritaria sino que era perseguida con saña en la persona de importantes personalidades relacionadas con la Casa de Borbón.

Esta primera entrevista Franco-don Juan se saldaría, a pesar de todo, con una clara victoria para un anfitrión que, prácticamente sin ninguna concesión por su parte y sin prometer nada a su invitado (todo lo contrario, dejándole muy claro que no pensaba renunciar a la jefatura del Estado mientras viviera), conseguiría de él su promesa de que su hijo mayor Juan Carlos dejara pronto su internado suizo de Friburgo y viajara a España para continuar sus estudios en Madrid.

Pero este acuerdo secreto entre caballeros, sería filtrado interesadamente por Franco a los medios de comunicación el 26 de octubre de 1948, obligando con ello al conde de Barcelona a telegrafiar

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