Por Dani Lerer
Tengo muchos argumentos para demostrar por qué es falso afirmar que Israel está cometiendo un genocidio. Los desarrollaré más adelante.
Porque antes hay una cuestión mucho más grave.
El juez que sostiene esa acusación no está siendo sometido a un Jury de Enjuiciamiento por su posición sobre el conflicto en Medio Oriente. Está siendo juzgado por reiteradas expresiones calificadas como antisemitas, incompatibles con la imparcialidad, la independencia y la dignidad que exige el ejercicio de la magistratura.
Hay una diferencia esencial entre un militante y un juez.
El primero tiene derecho a sostener cualquier convicción política, por extrema que sea. El segundo tiene la obligación de decidir conforme al derecho, a los hechos y a las pruebas. Su función no consiste en confirmar sus prejuicios, sino en impedir que estos sustituyan a la ley.
Ese es precisamente el punto que hoy se encuentra bajo análisis.
Nadie está juzgando si el magistrado simpatiza o no con Israel, con Palestina o con cualquier otra causa política. Lo que se está evaluando es si un juez puede seguir impartiendo justicia después de haber exteriorizado un conjunto de expresiones que reproducen algunos de los estereotipos más antiguos del antisemitismo.
Extranjerizar a los judíos, presentándolos como ajenos a la nación en la que viven; atribuirles colectivamente la responsabilidad por la muerte de Jesús, una acusación deicida que durante siglos alimentó persecuciones y pogroms; referirse al pueblo judío con expresiones degradantes como "raza de víboras"; utilizar el término "sionista" como un insulto o una descalificación personal en lugar de describir un movimiento de autodeterminación nacional; definir a Israel como un "Estado ficticio"; o recurrir a teorías conspirativas que presentan al Estado judío como responsable de los males del escenario internacional no constituye un razonamiento jurídico.
Constituye un repertorio de prejuicios.
Ninguna de esas expresiones aporta una sola prueba. Ninguna cita una sentencia. Ninguna demuestra un análisis basado en el derecho. Todas reflejan una visión previa de los hechos, una predisposición ideológica incompatible con la imparcialidad que debe garantizar cualquier magistrado.
Ese es el verdadero objeto del Jury.
Sin embargo, en lugar de explicar por qué esas manifestaciones no afectan su capacidad para juzgar con objetividad, el magistrado intenta justificarlas recurriendo a una acusación extraordinariamente grave: sostiene que Israel está cometiendo un genocidio.
Y allí su argumentación vuelve a derrumbarse.
Basta una sola pregunta para comprobarlo.
¿Qué tribunal internacional declaró que Israel está cometiendo un genocidio?
La respuesta es contundente.
Ninguno.
Ni la Corte Internacional de Justicia.
Ni la Corte Penal Internacional.
Ni ningún otro tribunal con competencia para hacerlo.
La Corte Internacional de Justicia, en el proceso iniciado por Sudáfrica, jamás declaró que Israel hubiera cometido un genocidio. Únicamente dictó medidas provisionales mientras el proceso continúa. El juicio sobre el fondo permanece abierto y todavía no existe una sentencia que concluya que Israel cometió ese delito. De hecho, Sudáfrica solicitó una prórroga para continuar presentando pruebas que aún no logró producir.
La Corte Penal Internacional tampoco condenó a ningún funcionario israelí por genocidio. Las actuaciones impulsadas por la Fiscalía y las órdenes de arresto emitidas se refieren a presuntos crímenes de guerra y presuntos crímenes de lesa humanidad. Son categorías jurídicas completamente distintas y, en ningún caso, constituyen una declaración de genocidio.
Esta diferencia no es un tecnicismo.
Es la diferencia entre el derecho y la propaganda.
Sin embargo, el magistrado parece creer que basta con citar a la ONU, la UNRWA, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja o la propia Corte Penal Internacional para transformar una acusación política en una verdad jurídica.
Pero ninguna de esas organizaciones, con excepción de los tribunales, que precisamente no lo hicieron, declaró que Israel esté cometiendo un genocidio.
Y ninguna de las restantes posee competencia para hacerlo.
La ONU elabora informes y aprueba resoluciones.
UNICEF desarrolla tareas humanitarias.
Médicos Sin Fronteras documenta crisis sanitarias.
La Cruz Roja vela por la aplicación del derecho internacional humanitario.
La UNRWA administra programas de asistencia para refugiados palestinos.
Todas pueden emitir informes, recomendaciones u opiniones.
Ninguna puede dictar la sentencia que el juez pretende atribuirles.
Y, sin embargo, el magistrado las presenta como si hubieran resuelto una cuestión que ningún tribunal internacional resolvió.
Lo más llamativo es que varias de esas instituciones llegan a este debate con una credibilidad profundamente erosionada cuando se trata de Israel.
Durante décadas, el sistema de Naciones Unidas dedicó una atención desproporcionada al Estado judío mientras violaciones masivas de derechos humanos cometidas por dictaduras como Irán, Siria, Corea del Norte o Venezuela recibieron un tratamiento incomparablemente menor.
La UNRWA atravesó una de las mayores crisis de su historia después de que se comprobara la participación de cientos de sus empleados en la estructura terrorista de Hamás y la implicación de muchos de ellos en la masacre del 7 de octubre, situación que derivó en investigaciones, despidos y la suspensión temporal del financiamiento por parte de numerosos países.
Pero quizá el doble estándar más obsceno apareció después del 7 de octubre de 2023.
Mientras Hamás asesinaba brutalmente a más de 1.200 personas, secuestraba a 251 rehenes, quemaba familias enteras y cometía atrocidades que incluyeron violencia sexual documentada posteriormente por distintas investigaciones internacionales, buena parte del sistema internacional reaccionó con una lentitud, una tibieza y una parcialidad imposibles de ignorar.
Las familias de los secuestrados recorrieron el mundo implorando una presión internacional efectiva para lograr la liberación de sus seres queridos.
Durante meses, los rehenes parecieron desaparecer de la agenda de buena parte de esos organismos.
Las mujeres violadas el 7 de octubre tampoco encontraron una reacción inmediata proporcional a la magnitud de los crímenes sufridos.
La indignación llegó tarde.
Mucho más tarde que las condenas dirigidas contra Israel.
Ese doble estándar no solo erosiona la credibilidad de esos organismos.
También alimenta la percepción de que existen víctimas de primera y víctimas de segunda.
Que cuando los asesinados, los secuestrados o las mujeres violadas son judíos, la urgencia moral parece disminuir.
Y es precisamente sobre ese conjunto de organismos, con todos esos antecedentes, que el magistrado pretende construir una certeza que ningún tribunal del mundo estableció.
Eso debería preocupar a cualquier ciudadano.
Porque un juez debería ser la primera persona en comprender la diferencia entre una denuncia, una investigación, un informe, una opinión y una sentencia.
Los prejuicios aparecieron primero.
La acusación de genocidio llegó después para intentar justificarlos.
El derecho existe precisamente para impedir que las convicciones personales se disfracen de verdades jurídicas.
Un magistrado puede tener opiniones.
Lo que no puede hacer es presentar esas opiniones como conclusiones jurídicas cuando ni la Corte Internacional de Justicia ni la Corte Penal Internacional sostienen aquello que él afirma.
Mucho menos cuando esas afirmaciones provienen de alguien que debe responder ante un Jury por reiteradas expresiones antisemitas.
Si un magistrado puede emitir todo tipo de expresiones antisemitas y, al mismo tiempo, seguir juzgando asuntos que involucran a la comunidad judía, entonces la garantía constitucional de imparcialidad queda seriamente comprometida.
El Jury no debe decidir si comparte o no sus opiniones políticas. Debe decidir si esas expresiones son compatibles con la imparcialidad, la independencia y la dignidad que exige el ejercicio de la magistratura.
Porque ningún ciudadano debería verse obligado a litigar ante un juez respecto del cual existan fundamentos objetivos para dudar de su imparcialidad por sus manifestaciones públicas.
Cuando un juez deja que sus prejuicios ocupen el lugar del derecho, el estado de derecho está en serios problemas.
Será justicia.